El Derecho al Voto de los Extranjeros en España

Con las recientes convocatorias electorales en España, el tema de la migración ha encontrado su espacio en el debate político. Sin embargo, más allá de los discursos que rodean este tema, existe una realidad preocupante:

millones de personas que han migrado al país y tienen su documentación en regla

y Autorización de Residencia concedida carecen del derecho fundamental de votar.

En un contexto donde se habla constantemente de integración y participación ciudadana, resulta paradójico que los migrantes regulares no puedan ejercer este derecho esencial. 

Se trata de una restricción evidente. Los ciudadanos extranjeros con residencia legal en España no tienen permitido participar en las elecciones generales ni en las autonómicas. La Constitución española reserva el derecho al voto únicamente para aquellos que poseen la nacionalidad española. 

La situación varía ligeramente en las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales (sucedidas recientemente). En el caso de las elecciones europeas, los ciudadanos de países de la Unión Europea que residen en España pueden votar, al igual que en las elecciones municipales, pero con una condición adicional. Solo pueden participar los migrantes procedentes de los restantes 26 países comunitarios y de terceros Estados con los cuales España haya firmado acuerdos recíprocos que permitan a los ciudadanos españoles votar en sus países de origen. 

Ello supone una puerta entreabierta para los ciudadanos procedentes de estos países. En la actualidad, España ha firmado 13 acuerdos de este tipo, la mayoría con países latinoamericanos, lo que permite que los nacionales de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago puedan votar en las elecciones municipales.  

Pero no basta con ser nacional de uno de estos países con los que España ha celebrado acuerdo y tener la Autorización de Residencia en España. Como se indicó por nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, para poder votar en las elecciones municipales recientemente acaecidas, los extranjeros procedentes de uno de esos 13 países debían haber residido legalmente en España durante un período mínimo de 5 años (3 para Reino Unido y Noruega) y estar empadronados en el municipio correspondiente. Además, debían inscribirse en el censo electoral entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de enero de 2023. Estos requisitos son percibidos como barreras burocráticas y dificultan enormemente la participación política de los migrantes, ya que muchos de ellos desconocen los procedimientos o carecen de la información necesaria para completarlos. 

Estas regulaciones excluyen a importantes comunidades de migrantes presentes en España, como la china o la marroquí, que en conjunto suman más de 740,000 residentes mayores de 18 años. 

Además, deja a millones de extranjeros con residencia legal en España en una situación de desigualdad y frustración. La imposibilidad de elegir a los representantes políticos genera un malestar profundo y un sentimiento de ser considerados ciudadanos de segunda clase a pesar de llevar en España largo tiempo. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, alrededor de 4.7 millones de extranjeros mayores de 18 años residen legalmente en España, pero solo el 27% cumple los requisitos para ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales. Esto significa que el 73% de la población migrante no puede influir en la toma de decisiones a nivel local, a pesar de su contribución económica y social al país. 

La restricción del derecho al voto para los migrantes regulares en España plantea interrogantes sobre la igualdad de derechos y la participación ciudadana. Aunque algunos avances se han realizado para permitir la participación de ciertos colectivos, la exclusión de una parte significativa de la población extranjera en las decisiones políticas sigue siendo una realidad. La revisión de las normativas vigentes y la implementación de medidas más inclusivas son esenciales para garantizar una democracia participativa y representativa, donde todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de hacer oír su voz en las urnas. 

#hazloBien #doitRight 

Joana, Abogada de EX24.